Alerta Legal/ Jurisprudencia en Materia de Compliance y Consejos Prácticos

13 de enero de 2021

El pasado 2 de diciembre de 2020 y tras 6 años de investigación se conoció el Acta de Deliberación de la causa tramitada ante el 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, condenando a la empresa Corpesca S.A. por su responsabilidad penal en los delitos de cohecho cometidos por su gerente general, a los ex miembros del congreso Jaime Orpis y Marta Isasi.

En el juicio quedó demostrado que la empresa diseñó e implementó un Modelo de Prevención de Delitos, el cual fue aprobado por su Directorio. Sin embargo, igualmente fue condenada por incumplir la Ley N°20.393, al tener un modelo con deficiente implementación en la práctica.

1. Incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. El Gerente General de la compañía no estaba sujeto a ningún control o cuestionamiento ni auditoria, lo que le permitió la ejecución del delito de soborno. Nadie auditaba sus gastos ni la manera en cómo los administraba dineros de propiedad de la empresa. El directorio ejerció nulo control y el Encargado de Prevención tampoco.

2. Falta de Autonomía del Encargado de Prevención de Delitos. En este caso, quedó acreditado que el Encargado de Prevención de Delitos no tenía las facultades suficientes o idoneidad para ejercer algún tipo de supervisión sobre el Gerente General, toda vez que el Encargado, quien a su vez ejercía el cargo de Subgerente de Administración, no contaba con autonomía para fiscalizarlo, al no tener acceso al Directorio ni al resto de los altos ejecutivos que dependían del Gerente General en la cadena de mando de la empresa. En este caso, quedó acreditado que el Encargado de Prevención de Delitos no tenía las facultades suficientes o idoneidad para ejercer algún tipo de supervisión sobre el Gerente General, toda vez que el Encargado, quien a su vez ejercía el cargo de Subgerente de Administración, no contaba con autonomía para fiscalizarlo, al no tener acceso al Directorio ni al resto de los altos ejecutivos que dependían del Gerente General en la cadena de mando de la empresa.

3. Falta de incorporación del Modelo de Prevención a los contratos de trabajo. Quedó acreditado que la empresa no cumplió con el deber impuesto por su propio Modelo y la obligación legal, de incorporarlo en los anexos de contratos de trabajo en forma oportuna y eficiente para el conocimiento de sus trabajadores, incluyendo el de los altos ejecutivos. Acá. El tribunal agrega especialmente que los ejecutivos son los cargos más sensibles para incurrir en los ilícitos contemplados en la Ley 20.393.

4. Desconocimiento del Modelo de Prevención y falta de actividades destinadas a crear una verdadera cultura de prevención. Se logró acreditar que el Modelo no era, por regla general, debidamente conocido en la empresa. Asimismo, pese a reconocer hechos que podían implicar actividades ilícitas, se estableció que después de la renuncia del gerente general a la empresa, no sólo se agradeció su gestión en una carta, sino que se le pagó una indemnización de más de 300.000.000 de pesos y se le contrató en otra empresa de propiedad del grupo controlador. A juicio del Tribunal, esto denota negligencia, falta de cultura corporativa, falta de interés. Compromiso y falta de resarcimiento del derecho.

Para el tribunal un modelo de papel contribuye a aumentar la culpa o reproche de la persona jurídica, si solo ha buscado “dar una apariencia” de estar cumpliendo con un Modelo de Prevención.

Así, este fallo nos recuerda la importancia de cumplir efectivamente en la práctica con los deberes de dirección y supervisión. Al respecto, algunos consejos prácticos los encontrarás en este en la columna “Deberes de Dirección y Supervisión en la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, escrita por nuestra Directora Rebeca Zamora, la información en el link de la noticia.

Para mayor información, contactar a Carlos Frías cfrias@hdycia.cl o Rebeca Zamora rzamora@hdycia.cl

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