Alerta Legal/ Estándares UAF en materia de fiscalización ¿Tiene el Tribunal Constitucional la última palabra?

01 de febrero de 2021

A propósito del reciente fallo del Tribunal Constitucional, (causa Rol N° 8823-20INA), que declaró inaplicable algunas disposiciones del Código Sanitario, en el contexto de un proceso judicial en el cual se impugnaba la sanción aplicada por la Secretaria Ministerial de Salud de la Región de los Lagos, llama fuertemente la atención el nuevo precedente jurisprudencial respecto a los principios básicos que toda ley debe incluir al momento de regular la potestad sancionadora de un organismo fiscalizador.

Este fallo del Tribunal Constitucional nos lleva necesariamente a reflexionar sobre ciertas facultades que se le otorgan a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y respecto a cómo en la realidad ejerce su potestad de sancionatoria. Recordemos que el objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

No deja de sorprender que la UAF, en comparación con instituciones similares, haya sumado, en pocos años un número tan alto de sancionados por incumplimientos de carácter meramente formal, como lo son: la forma de llevar ciertos registros, exactitud de manuales y planillas, entre otros, lo que a ojos de un observador imparcial, parecen alejados no solo de los criterios de importancia relativa de las conductas que sanciona, sino que también del principal objetivo para el cual fue creada, esto es, servir como ente central que desarrolle inteligencia financiera para la detección de operaciones de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Recordemos que las instituciones no se deberían medir por la cantidad de sanciones, sino que por su contribución, en este caso, a la prevención de lavado de activos (calidad sobre cantidad).

Hemos sido testigo de los fundamentos, de innumerables multas a entidades del mundo financiero, que van desde no haber informado oportunamente el nombre del nuevo gerente general ( que no es lo mismo que el oficial del cumplimiento), no haber realizado una capacitación, hasta por errores en la redacción de manuales o “cumplimientos incompletos” de ciertas obligaciones (y en este caso no me estoy refiriendo a la omisión en el envío de reportes de operaciones sospechosas). Aquí vemos que no se trata de infracciones asociadas a no haber detectado hechos anómalos y concretos de operaciones inusuales, sobre los cuales pudiera haber presunciones sobre actividades de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, sino que de eventuales errores u omisiones formales e inmateriales de obligaciones administrativas que, muchas veces, no tienen nada que ver con la capacidad del sancionado para detectar operaciones sospechosas.

Este criterio sancionador de la UAF, que a nuestro juicio se aleja de los fines y objetivos del sistema antilavado en Chile, se ve fuertemente contrastado con la severidad con que el Tribunal Constitucional ha analizado si ciertas normas legales, procedimentales o sancionatorias, cumplen con los preceptos constitucionales básicos para un racional y justo procedimiento en materia de proporcionalidad de la sanción o bien respecto de infracciones que no están descritas en el catálogo de incumplimientos de la ley que regula la materia.

Finalmente, no debemos dejar de lado que las externalidades negativas originadas en una sanción por omisiones en la redacción de un manual, y aplicada por el ente responsable en la prevención del lavado de activos, pueden ser exponencialmente demoledoras para entidades financieras nacionales que buscan proveer servicios financieros más allá de sus fronteras. La UAF debería orientar sus esfuerzos fiscalizadores al “fondo” y no sólo a la “forma”.

Para mayor información, contactar a Carlos Frías cfrias@hdycia.cl o Rebeca Zamora rzamora@hdycia.cl

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