Alerta Legal/ Compliance: Responsabilidad Penal Corporativa

Wednesday June 24th, 2020

El día 20 de Junio de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.240 que modifica el Código Penal para sancionar más duramente el incumplimiento del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia. Lo anterior se verifica mediante el aumento de la penalidad de la conducta sancionada en el actual artículo 318 del Código Penal y que sanciona al que pone en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. En específico, aumenta la pena de este delito de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a presidio menor en su grado mínimo a medio (hasta 3 años y un día) y se aumenta la multa asociada elevando el tramo superior de 20 a 200 unidades tributarias mensuales. Asimismo, se incorporó como agravante especial de este delito, las convocatorias a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio.

Entre las nuevas disposiciones y muy relevantemente, el nuevo artículo 318 ter sanciona a quien,a sabiendas del régimen de excepción, ordene a un trabajador concurrir al lugar de desempeño de sus labores, cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. La pena consiste en presidio menor en sus grados mínimo a medio (hasta 3 años y un día) y una multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales,por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir.

Para la configuración de este delito se requiere que (I) un superior de una organización, aquel que puede organizar el trabajo, (II) conociendo que un subordinado se encuentra en una condición de cuarentena o aislamiento sanitario, (III) le ordene u obligue infringir esa prohibición. Esto es con independencia de si el trabajador efectivamente concurre al lugar o cumple la instrucción del superior, bastando sólo la orden de infracción de la medida sanitaria dispuesta por la autoridad sanitaria.

Asimismo, basta que la autoridad haya dispuesto la medida con carácter general para un territorio determinado o bien, que el trabajador se encuentre afectado por una causal personal (por ejemplo, que está contagiado o sea sospechoso de contagio por haber tenido un contacto estrecho). Por ello, debe entenderse que la norma no se aplica respecto a las empresas de carácter esencial, utilidad pública o seguridad en cuanto a aquellas medidas generales; pero sí aplica respecto de medidas personales a todas las empresas, única manera de darle un sentido armónico a la norma.

Este nuevo delito se ha incorporado también al catálogo de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, de tal manera que no sólo responderán los empleadores (personas naturales) que cometan el delito bajo las condiciones antes señaladas, sino que también la propia empresa a la que pertenezcan, en la medida que ello implique un beneficio y se cumplan los demás requisitos dispuestos en la Ley 20.393 para imputar la responsabilidad penal corporativa.

Por ello, las empresas deberán en particular, implementar algunos mecanismos especiales de control, de modo de dar cumplimiento a los deberes de dirección y supervisión al interior de la organización. Se sugiere preliminarmente:

• Dar a conocer la norma y sus alcances a los colaboradores de la compañía, especialmente a aquellos que pueden organizar e impartir instrucciones en cuanto al trabajo. Debe considerarse que conforme al artículo 4° del Código del Trabajo, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador y en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica.

• Identificar las unidades de negocios o áreas de la empresa en las cuales existan riesgos de infringir la norma, considerando su autonomía, ubicación geográfica (existencia de cuarentenas o cordones sanitarios), el carácter esencial de sus actividades y la existencia de casos de personas sujetas a medidas sanitarias personales que les impiden concurrir a sus labores.

• Instruir a los todos los miembros de la compañía el deber de comunicar tan pronto les sea posible la existencia de una situación que implique el deber permanecer en su lugar de residencia. Evidentemente, ello implica disponer de protocolos de manejo reservado de esta información personal, velando por la integridad y dignidad del trabajador afectado.

• Comunicar a proveedores los alcances de la norma, con la instrucción clara de no ejecutar la conducta delictiva, especialmente en beneficio de la Empresa.

• Atendido la Pandemia actual y la realización mayor fiscalización por parte de autoridades policiales y sanitarias, lo que implica mayor relacionamiento con funcionarios públicos, se recomienda reforzar los alcances del Sistema de Prevención de Delitos en relación con la figura del cohecho a funcionario público.

• Deberá reforzarse la existencia de los canales de denuncia anónima que la Empresa hubiera puesto a disposición de los trabajadores y terceros respecto a hechos que pudieran implicar un delito o el incumplimiento de las Políticas y Procedimientos de la Empresa.

• Finalmente, se recomienda informar al Directorio en forma debida de la ejecución de los controles aplicados para prevenir la Responsabilidad Penal Corporativa.

Para mayor información, contactar a Rebeca Zamora rzamora@hdycia.cl

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